Fueron las viviendas sociales de la dictadura y durante décadas han envejecido sin recibir atención de las administraciones o han muerto bajo las palas. Hoy en día no hay derribos en marcha y los ayuntamientos gallegos han empezado a impulsar planes para rehabilitar las denominadas casas baratas, un modelo de edificación que los arquitectos reivindican por su valor histórico. El cambio de consideración de estos polígonos de viviendas no está siendo, sin embargo, un camino de rosas y un ejemplo de los problemas es Ferrol, la ciudad con el mayor parque de viviendas sociales del franquismo.

En el municipio ferrolano hay cerca de 2.000 casas baratas. Sólo en la barriada de Recimil se cuentan más de 1.029 viviendas. Su estado es ruinoso para los vecinos, costoso para las arcas municipales y problemático para los políticos. A menor escala, también se construyeron casas de este tipo en San Pablo, Serantes, Santa Marina, Caranza o San Valentín (Fene) para acoger a las familias de los trabajadores de los astilleros. Se edificaron en los 40 y 50, siguiendo las normas de la arquitectura racional e higienista que imperaba en la Europa industrial. Viviendas sencillas y baratas para el proletariado. Sesenta años después, su aspecto apenas ha variado, aunque su propiedad ha pasado a manos de los inquilinos excepto en el caso de Recimil, de titularidad municipal.

La situación de abandono y deterioro de este barrio conocido como las Casas Baratas, ha sido un dolor de cabeza para los últimos tres gobiernos locales -BNG, PP y PSOE-, que se debatieron entre un derribo muy impopular -que plantearon los populares- o una rehabilitación muy costosa que ninguna administración quiere asumir en solitario. Los habitantes de las 1.029 viviendas pagan al Ayuntamiento una renta de tres a seis euros mensuales. La mayoría están arrendadas, unas pocas se adjudican a familias sin recursos en situación de emergencia social y algunas fueron ocupadas ilegalmente.

En 2009, el alcalde, Vicente Irisarri, optó por lavarle la cara a Recimil y destinó más de dos millones a reparar aleros y pintar las fachadas en tres colores para darle otro ai

re al barrio, protegido por Patrimonio por su singularidad arquitectónica. La Xunta intervino y obligó a pintar de verde todo el perímetro para mantener la uniformidad. El PP local calcula que la rehabilitación costaría más de 70 millones de euros. El regidor socialista está decidido a llevarla a cabo.

El proyecto para rehabilitar un primer bloque conocido como Bambú Club, todavía está en el limbo. El Ayuntamiento quiere licitarlo este mes. Con seis viviendas y dos bajos, calculan que reformarlo costará más de 600.000 euros, que el municipio pretende rentabilizar con alquileres para jóvenes y fondos de la Xunta y del Gobierno central.

En A Coruña, la llegada del bipartito PSOE-BNG en 2007 activó ayudas para recuperar las primeras urbanizaciones del franquismo, como la de Nosa Señora do Carme, en Labañou, y la de Sagrada Familia. Con una inversión de 9,47 millones se han remozado 684 viviendas. El Ayuntamiento se gastará otros 2,66 millones en reurbanizar sus entornos. Y este año, otros tres grupos de viviendas en Palavea, Mariñeiros y O Birloque recibirán subvenciones para rehabilitar edificios con más de medio siglo de antigüedad.

El edil de Rehabilitación e Vivenda, Mario López Rico, afirma que estas viviendas "siguen teniendo la misma función social que hace 50 años", ya que la inmensa mayoría de sus habitantes son hoy pensionistas y con pocos recursos. López Rico apuesta por equipararlas a las del casco histórico a la hora de optar a ayudas. Los propietarios pueden optar a una subvención que cubra hasta el 55% del coste de las reformas.

El Plan Nacional de Vivienda (1961-1975) diseminó en Vigo estas casas por Bouzas, Coia, A Salgueira o Teis. Casi todas han sido objeto, en los últimos años, de reformas. A pequeña escala se han corregido deficiencias en las instalaciones eléctricas, servicios sanitarios y carpinterías, y en un sentido más amplio, otras urbanizaciones han recuperado algunos espacios sin alterar su fisonomía.

La intervención más absoluta tuvo lugar en el polígono de As Roteas hace una década. La Xunta abonó un millón de euros para realojar en nuevos pisos de protección oficial a las 38 familias que aún residían en los bloques obrados por el franquismo cuarenta años atrás y que fueron derribados. Tras la adjudicación, los propietarios tuvieron que pagar a cambio entre 8.000 y 16.000 euros. El resto de edificaciones se mantienen en pie.

"Sospecho que, en el futuro y debido al nuevo ciclo económico, caminaremos hacia la remodelación en lugar de derrumbar o de construir viviendas", indica el presidente de la Delegación de Vigo del Colegio de Arquitectos de Galicia, Salvador Fraga. El arquitecto señala la conveniencia de que cada propuesta de intervención sea precedida por un diagnóstico que ponga de manifiesto los deseos de los vecinos de esos barrios, así como los intereses generales de los ciudadanos. "En este momento, forman parte de nuestra memoria urbana y constituyen un diseño de conjunto, una ordenación en un entorno con personalidad propia que contrasta con su precariedad constructiva; y dicha precariedad constructiva es, precisamente, el aspecto que se está corrigiendo en los últimos años".

Los grupos de viviendas Compostela y Cardenal Quiroga, en Santiago, están catalogadas por la Xunta como Área de Rehabilitación Integral (ARI) desde hace apenas un año, pero los vecinos de las 374 viviendas siguen esperando por las reformas, pendiente de la firma de un convenio entre el Estado, la Xunta y el Ayuntamiento que aún no tiene fecha. Las reformas que precisan las viviendas están estimadas por el Ayuntamiento en unos 7,7 millones de euros, explica la concejala de Rehabilitación e Cidade Histórica, Olga Pedreira. El grupo Compostela se construyó en los años 50, bastante alejado entonces del ensanche santiagués, destinadas a los trabajadores del ferrocarril, mientras que el de Cardenal Quiroga se hizo ya en los años 70. Son viviendas antiguas con habitantes con una media de edad alta y pocos ingresos, explica Pedreira, por lo que la prioridad en la rehabilitación es la accesibilidad. No cuentan con ascensores ni rampas y las cubiertas y las fachadas necesitan también una puesta al día para conseguir que el "envolvente del edificio esté en perfectas condiciones". En Santiago hay tres grupos más de este tipo de viviendas que no precisan una rehabilitación tan intensa.

El Gobierno de Pontevedra ha arrancado la reforma de las viviendas de Os Salgueiriños, que supondrá una inyección de 203.000 euros, mientras los residentes de las casas ubicadas en A Seca disfrutan ya de las últimas pinceladas de una actuación presupuestada en 250.000 euros. Los proyectos en este caso están vinculados al entorno y no a los edificios, ya que las viviendas fueron vendidas hace años a bajo precio a particulares. En A Seca los trabajos incluyen nuevas aceras, servicios básicos renovados, parque infantil, iluminación y trabajos de jardinería, mientras que en Os Salgueiriños se enterrará el cableado y otros servicios y se instalará nuevo mobiliario urbano.

Esta información ha sido elaborada por Lorena Bustabad, Paola Obelleiro, Teresa Cuíñas, María Pampín y Lara Varela.